Imponen prisión preventiva a padre e hijo se hacían pasar por altos oficiales

Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo impuso prisión preventiva como medidas de coerción a un hombre y su hijo quienes se hacían pasar por general y capitán del Ejército y la Fuerza Aérea respectivamente para estafar personas con falsos ingresos a las filas militares  y comercializar armas de fuego ilegales.
El juez Bernardo Coplin, también, impuso medidas de coerción a otras tres personas acusadas de integrar la estructura delitiva.
Los imputados son José del Carmen Ramírez Rodríguez, quien se hacía pasar como general; su hijo Robert Alexander Ramírez  Bautista, que usurpaba el rango de capitán de la FARD; Cristina Rosario del Orbe, y David Jesús Pichardo Guzmán.
Ramírez Rodríguez, quien junto a Ramírez  Bautista dirigía el grupo; así como Pichardo Guzmán deberán cumplir la medida en el penal de La Victoria, mientras que Rosario del Orbe permanecerá en el Centro Correccional Najayo Mujeres.
En tanto que a Emilio Almonte García le impuso como medida de coerción una garantía económica de RD$100 mil, mediante contrato de fianza, y presentación periódica.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo, explicó en nota de prensa que el grupo está implicado en los delitos de falsificación y uso de documentos públicos falsos, usurpación de funciones, asociación de malhechores, porte, tenencia, comercio y tráfico de armas de fuego ilegales y estafa.
El Ministerio Público le  otorgó  al presente hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 147, 148, 258, 259, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, y los artículos 66, 67, 68 y 70 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de más de una decena de personas y el Estado dominicano.
Los imputados fueron arrestados tras varios meses de iniciada la investigación del caso por parte de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo, la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J2).
El documento de solicitud de medida de coerción establece que por cada arma la estructura cobraba entre RD$40 mil y RD$ 200 mil, además de que ofrecía a sus clientes ingresarlos a las Fuerzas Armadas para que las portaran de manera legal, por lo que les pedían llenar el formulario de ingreso, también falsificado, y luego eran enviados a realizarse los estudios médicos correspondientes.
Asimismo, indica que para entregarles los falsos carnets que los acreditaban como miembros de la institución, eran conducidos a la Base Aérea de San Isidro, donde un sargento de la institución les colaboraba para darle veracidad al ingreso.