Más de 75% de casos penales son llevados por defensores públicos

 
SANTO DOMINGO.- El 75% de los casos penales que los tribunales conocen en el país, lo llevan defensores públicos, aseguró este Jueves la doctora Laura Hernández Román, directora de la Oficina Nacional de Defensoría pública, durante la firma de una resolución entre esa institución y el Ministerio de Administración Pública (MAP), efectuada en la sede del Ministerio.

La funcionaria aseguró que en las zonas más pobres del país, como Pedernales y Monte Plata, ese 75 aumenta a un 90% de defensores públicos que se enfrentan cada día a más de 800 fiscales.

Explicó que como la Oficina de Defensoría Pública no cuenta con los abogados suficientes para cubrir la demanda, se ve en la necesidad de contratar profesionales del derecho, de los cuales la cifras sobrepasa los 100.

Agregó que el personal que tiene en las 24 oficinas que funcionan en distintos puntos del país entra a esa institución por concurso públicos, sometidos a pruebas de competencia, a juicios simulados, tras lo cual tiene que someterse a un proceso de formación y entrenamiento de seis meses.

Hernández Román agradeció la colaboración permanente que desde hace dos años ha tenido el ministro Ramón Ventura Camejo y su equipo de trabajo para asesorar a esa oficina en el proceso de adopción de las herramientas que le han permitido llegar a ser modelo, con los departamentos y con todos los niveles de estructura y departamentos que deben tener.

Mientras que Ramón Ventura Camejo expresó su satisfacción por la colaboración que el MAP ha podido ofrecer a la Oficina Nacional de Defensoría pública en su misión, su visión y su liderazgo y sus esfuerzos para alcanzar las metas y objetivos que han logrado hasta ahora.
Sostuvo que eso conlleva al logro de una fortaleza institucional y garantizar el sagrado derecho del ciudadano a la defensa.

La resolución firmada por Laura Hernández Román y Ramón Ventura Camejo, modifica la estructura organizativa de la Oficina Nacional de la Defensa Pública integrada por las unidades normativas, consultivas y asesoras, de apoyo, las sustantivas u operativas y toda la estructura organizativa de la institución, manuales, organigrama, entre otras.

La firma de la resolución establece que la estructura organizativa de esa institución tendrá una duración de cuatro años, aunque podrá ser revisada al cumplir un año si surgen normas que incidan en el desarrollo de las áreas previstas.