Indotel dispone que deudores puedan desautorizar llamadas de cobro al trabajo

El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aprobó hoy una resolución que establece que los deudores “podrán desautorizar las llamadas de cobro al trabajo” que realicen empresas especializadas en cobranzas compulsivas usando las telecomunicaciones.

En tal sentido, el organismo regulador acogió parcialmente el recurso de reconsideración que hizo el medio Argentarium relativo a la Resolución 010-16 que aprueba la “Norma para el uso de servicios públicos de telecomunicaciones para fines de cobro de deudas”.

“Por consiguiente, de ahora en adelante los deudores podrán desautorizar las llamadas de cobro al trabajo”, enfatizó el Indotel.

Igualmente el Consejo Directivo del Indotel acogió parcialmente en la resolución el pedimento de publicar estadísticas de las denuncias de incumplimiento a la normativa desagregadas por empresa.

La medida que acoge el planteamiento de Argentarium fue firmada por el presidente del Consejo, José del Castillo Saviñón; los consejeros Nelson Guillén Bello, Marcos Peña Rodríguez, Fabricio Gómez y la directora ejecutiva, Katrina Naut.

También, Iván Rodríguez, miembro ex oficio del Consejo Directivo, en representación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

El medio digital Argentarium, que dirige el analista financiero Alejandro Fernández, formalizó ante el Indotel sus recomendaciones para regular las llamadas que las empresas gestoras de cobros les hacen a personas con deudas en mora a sus lugares de trabajo.

Argentarium presentó su recurso contra la Resolución 010-16 emitida por el Consejo Directivo del Indotel el 14 de septiembre de 2016, que autorizaba a las gestoras de cobro a realizar llamadas a los deudores hasta sus lugares de trabajo.

En la propuesta, el medio digital planteó al órgano regulador revisar la norma con el fin de incorporar ajustes que garanticen el respeto del derecho al trabajo y al honor de los deudores.

En tal sentido, Argentarium planteó específicamente que se les permita a los deudores tener “la opción de desautorizar a las empresas de gestión de cobros a hacer llamadas a su lugar de trabajo”, lo cual fue acogido por la resolución que emitió el Indotel.